Los Bienes Comunes: un sector soslayado de la creación de riqueza
Por David Bollier
Cuando los gobiernos y las empresas intentan resolver problemas, tienden a ver sólo dos tipos generales de soluciones: la acción gubernamental y la competencia de mercado. Para mucha gente, es usual ver estas dos esferas de poder como los únicos regímenes efectivos para la administración de los recursos. Sin embargo, ha quedado claro (en años recientes) que hay un tercer ámbito de soluciones en gran medida soslayado: los bienes comunes. El concepto de bienes comunes describe una amplia variedad de fenómenos; se refiere a los sistemas sociales y jurídicos para la administración de los recursos compartidos de una manera justa y sustentable.
De este modo, se puede referir a los recursos compartidos que una comunidad construye y mantiene (bibliotecas, parques, calles), los recursos nacionales pertenecientes a todos (lagos, bosques, vida silvestre) y los recursos mundiales que todos los seres vivientes necesitan para sobrevivir (la atmósfera, el agua y la biodiversidad). Los bienes comunes también se refieren a las “economías del regalo”, como la ciencia, que favorecen la creación y difusión de investigación e información. Internet alberga incontables recursos creados y mantenidos por gente con intereses compartidos, desde grupos de software de licencia abierta hasta la Wikipedia[^1] y archivos especializados. Los bienes comunes llevan implícita una serie de valores y tradiciones que otorgan identidad a una comunidad y la ayudan a autogobernarse.
Aunque hay innumerables variedades de bienes comunes –muchos de ellos bastante idiosincrásicos y arraigados en culturas particulares–, en su mayoría corresponden a tres categorías generales: regalos de la naturaleza, creaciones materiales y creaciones intangibles. En este capítulo presentamos un panorama general de los diferentes tipos de bienes comunes y sus reglas de gestión. También se señala la manera en que el discurso político de los bienes comunes puede abrir un espacio para nuevos tipos de diálogo.
¿Por qué hablar de los Bienes Comunes?
Hablar de los bienes comunes nos ayuda a identificar una amplia clase de recursos en cuyo control y manejo la ciudadanía en general o comunidades específicas tienen intereses políticos y morales. Una gran cantidad de estos recursos se está convirtiendo en propiedad privada para poderlos comprar y vender en el mercado. Ésa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo, que la política convencional tiende a pasar por alto. De maneras tanto abiertas como sutiles, los ideólogos del libre mercado en el mundo empresarial y la política están decididos a privatizar recursos que son o deberían ser propiedad colectiva de la gente. Desean convertir en propiedad privada recursos sujetos a un control público o colectivo. A este proceso se le conoce como el “cercamiento de los bienes comunes” (enclosure of the commons).
Los sistemas políticos neoliberales son, en esencia, motores para el cercamiento de nuestros recursos por los mercados. Las economías políticas de las sociedades industrializadas tienden a considerar que los recursos son activos de mercado subaprovechados. Se les ve como insumos brutos para generar utilidades empresariales. A menudo se critica que las restricciones a su uso para propósitos del mercado –por ejemplo, reglamentaciones sociales o ambientales– son impedimentos para la creación de riqueza y, por consiguiente, moralmente sospechosas. En la visión neoliberal, los derechos de propiedad privada representan la manera más eficiente para producir riqueza, lo cual constituye el “progreso”.
La importancia de hablar de los bienes comunes reside en entablar un diálogo más amplio sobre los tipos de riqueza y de valor. No toda la riqueza se puede expresar mediante un precio de mercado. Y, de hecho, es necesario dar pleno reconocimiento y proteger activamente otros tipos de valor: ecológico, social, democrático, moral. La epistemología de la economía convencional tiene dificultades para ello; los bienes comunes resultan útiles porque ofrecen una manera para nombrar tipos de riqueza que la economía liberal clásica y la neoliberal prefieren dejar de lado.
Por ejemplo, a los defensores del mercado les gusta atribuir un valor monetario a todo –tierra, cosechas, música, arte– y luego se ocupan de maximizar el valor del intercambio económico de esos recursos, según lo determina el precio. Así, el aire y el agua se tratan como recursos gratuitos e ilimitados. Pero las valuaciones de mercado muchas veces no consideran los costos reales de los recursos que usan.
También tienden a no considerar los costos desplazados al medio ambiente, los trabajadores y la ciudadanía, conocidos como “externalidades económicas”. Un mercado puede ser muy productivo y eficiente y, al mismo tiempo, no reconocer que está destruyendo los recursos comunes: contaminación arrojada al medio ambiente, niños usados como mano de obra, fábricas que plantean graves riesgos para la seguridad.
Los bienes comunes nos ayudan a lograr una mejor comprensión de la “riqueza” al introducir la idea de la inalienabilidad. Ciertos recursos tienen un valor que rebasa cualquier precio y deben mantenerse al margen de las fuerzas del mercado. La belleza de la naturaleza, la inviolabilidad de ciertos lugares, el valor ecológico de la vida silvestre, las normas éticas para la venta de productos seguros, los valores morales y tradiciones que definen a una comunidad, todo esto representa una riqueza invaluable.
Partiendo de este sentido más amplio de valor, la mayoría de los comuneros (commoners) prefieren no monetizar sus recursos. El resguardo a largo plazo y la distribución justa de los recursos se consideran más importantes que maximizar las utilidades o las ventas. Se suele distribuir los recursos de manera gratuita o no discriminatoria y a bajo costo, o de acuerdo con las necesidades sociales.
Algunas comunidades pueden autorizar la venta de recursos en el mercado, pero sólo si se puede hacer de manera sustentable y sin causar daño a la integridad de los bienes comunes.
El papel del gobierno consiste en fungir como guardián cuidadoso de los recursos de la ciudadanía. Sin embargo, en las sociedades de mercado, con demasiada frecuencia los políticos y los organismos gubernamentales incumplen esta tarea. Hay quienes sostienen que ésta es una falla sistémica del neoliberalismo.
Desde luego, hay gobiernos de todo tipo proclives a la corrupción. Se sabe que los políticos permiten a amigos con relaciones en el gobierno el acceso gratuito o con descuentos a los minerales, los pastizales, las playas y el espacio radioeléctrico de la ciudadanía, por ejemplo. O venden recursos que de ningún modo deberían venderse (por ejemplo, tierras con un importante valor ecológico o un significado sagrado). El crecimiento del sector del mercado en décadas recientes, en relación con el gobierno, no ha hecho sino intensificar las presiones para cercar a los bienes comunes.
El mito de la “Tragedy of the commons”
¿Pero la idea de los bienes comunes no está acaso destinada al fracaso? Durante décadas, los economistas convencionales han supuesto que cualquier sistema de administración compartida tendría como resultado inevitable una “tragedia de los bienes comunes”.
Este mito fue popularizado por el ecologista Garrett Hardin en su famoso ensayo de 1968, en el que afirma que la gente que comparte una tierra inevitablemente la sobreexplotará.[^2] Cita el ejemplo de un pastizal común al que cualquiera puede llevar más ganado a pastar sin restricciones. Cuando un agricultor puede obtener beneficios privados de los recursos comunes sin considerar su “capacidad de sustento” general, Hardin afirma que un recurso compartido necesariamente se arruinará. De ahí la metáfora de la “tragedia”.[^3]
La única solución, según los economistas convencionales, consiste en establecer derechos de propiedad privada sobre la tierra y dejar que el “libre mercado” decida cómo la usará. Los economistas sostienen que sólo los propietarios privados tendrán los incentivos necesarios para cuidar la tierra y hacer en ella inversiones valiosas. Se dice que ni los gobiernos ni los individuos cuentan con los incentivos y las capacidades adecuados para administrar los recursos comunes de una manera competente.
En apoyo de esta conclusión general, los economistas suelen citar los experimentos del juego del “dilema del prisionero”,[^4] que demuestran las dificultades para lograr que los individuos cooperen a fin de solucionar los problemas comunes. En su influyente obra La lógica de la acción colectiva, de 1965, el economista Mancur Olson afirmaba que “los individuos racionales con intereses personales no actuarán para lograr sus intereses comunes o de grupo”.[^5] El mito de la “tragedia de los bienes comunes” se invoca rutinariamente para tratar de desacreditar la idea de los bienes comunes. Una generación de economistas y expertos en políticas ha recurrido a este argumento a fin de criticar la propiedad común de la tierra como algo poco práctico, y de celebrar la propiedad privada y los mercados como el mejor sistema para la administración de los recursos.
Sin embargo, los críticos han objetado tanto el relato de la tragedia de los bienes comunes como los experimentos del dilema del prisionero tachándolos de modelos irrealistas. Señalan que en la vida real, los miembros de una comunidad desarrollan una confianza social recíproca, colaboran y solucionan problemas. Los estudiosos de los sistemas de recursos comunes naturales, sociales y culturales, en particular aquellos relacionados con la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes (International Association for the Study of the Commons, IASC)[^6] citan cientos de sistemas de gestión colectiva de recursos comunes en funcionamiento, en especial en naciones en desarrollo, lo que revela que el escenario abstracto de Garrett Hardin es empíricamente erróneo.
También se ha señalado que el “escenario trágico” descrito por Hardin no es, en realidad, un bien común. Hardin describe un régimen de acceso abierto no regulado. La tierra de la que habla no tiene límites, ni existen reglas para gestionar el acceso a ella y su uso. Cualquiera se puede apropiar de lo que desee. Nadie está gestionando las tierras comunes. Dicho de otra forma, de lo que habla Hardin es de una tierra de nadie.
Pero eso no es un bien común. Se trata, más bien, de un sistema de autogestión y derechos de consenso para controlar el acceso a un recurso y su utilización. Por lo general, los bienes comunes exitosos, cuando menos los naturales, tienen límites bien definidos. Están sujetos a reglas bien entendidas por sus participantes. Hay suficiente apertura para poder identificar y castigar a los “advenedizos”.
Las reglas de gestión de un bien común pueden ser informales e implícitas, y estar plasmadas en las tradiciones y normas sociales. O bien, pueden ser explícitas y estar codificadas formalmente en la ley. En un caso u otro, la gente que participa en un bien común tiene una comprensión social compartida de quién tiene derecho a usar los recursos y en qué condiciones.
Es una cuestión simple. Un bien común no tiene porqué ser una tragedia. Un bien común puede ser completamente sustentable. Es una alternativa seria y sustentable distinta de la administración de mercado de un recurso.
La Tragedia del mercado
La verdadera tragedia, sostienen muchos comuneros, es la tragedia del mercado. Finalmente, es el mercado el que usa sin cesar muchos de nuestros preciados dones de la naturaleza y deja contaminación y residuos por doquier, sin ni siquiera contabilizar con precisión, desde el punto de vista económico, los costos reales.
El problema con la economía convencional es que con demasiada frecuencia no reconoce el valor que los bienes comunes aportan a la actividad de los mercados. Los economistas tradicionales suelen no identificar los subsidios ocultos del mercado derivados de nuestros recursos comunes y las externalidades económicas negativas no reconocidas[^7] que las empresas descargan en ellos.
Consideremos, para empezar, los subsidios ocultos de los mercados. Las empresas de radio y televisión que usan de manera gratuita el espacio radioeléctrico están usando un recurso común y dan muy poco a cambio a la ciudadanía, que es la poseedora de ese espacio.[^8] Cuando los gobiernos permiten que las empresas madereras tengan acceso a bajo costo a tierras públicas u otorgan a las compañías farmacéuticas derechos exclusivos sobre investigaciones médicas financiadas por los contribuyentes, están dando a esas empresas un subsidio oculto. Cuando las embotelladoras de agua extraen gratuitamente grandes cantidades de agua pura de los acuíferos subterráneos, en esencia están robando de los recursos comunes.
Las “externalidades económicas” son otro conjunto de costos no sufragados por los compradores o vendedores, sino transferidos a los bienes comunes. Por lo general, para una empresa resulta más barato descargar la contaminación a la atmósfera y depositar residuos radioactivos en el suelo que limpiarlos (o “internalizar” los costos). Estas externalidades económicas son costos no reconocidos de la actividad de los mercados: costos normalmente absorbidos por los bienes comunes.
Entonces, una economía basada en los bienes comunes llevaría apropiadamente la contabilidad de los costos totales de la actividad de los mercados al reconocer sus subsidios ocultos y sus externalidades (sociales, ambientales y morales). Hablar de los bienes comunes nos ayuda a empezar a ver la actividad económica de una manera más integral. Así como los economistas ambientales nos han ayudado a reconocer el contexto más completo de la actividad de los mercados, los bienes comunes nos pueden ayudar a reconocer los factores sociales, ambientales y morales que subsidian silenciosamente la actividad normal de los mercados: las escuelas públicas que forman trabajadores calificados, la reglamentación que hace a los mercados estables y confiables, los dones de la naturaleza que las empresas consideran gratuitos. Los bienes comunes nos ayudan a nombrar estas otras fuentes de valor, no monetizadas, y al denominarlas de esta manera, podemos empezar a entenderlos apropiadamente y defenderlos.
El manejo de los Bienes Comunes
(Ver nota[^9])
¿Cómo se deben manejar nuestros recursos? La respuesta depende en gran medida de la naturaleza de un recurso compartido y de la comunidad específica. Uno de los principales factores determinantes es si un recurso puede ser usado por muchas personas sin que se destruya. Si se talan demasiados árboles en un bosque, éste se destruirá. Pero cuando muchos programadores se unen a una comunidad de software de licencia abierta y muchas personas usan el mismo software al mismo tiempo, no se agota este bien común, sino que se agrega valor al corpus compartido del código de software. Un bosque se puede “agotar”, pero un software se amplía mediante una mayor participación.
Por consiguiente, un factor importante en el manejo de los bienes comunes es si un recurso es agotable o no. Los recursos naturales tienden a ser agotables (o “extraíbles”), mientras que la información y la cultura no se pueden “agotar” en realidad, sobre todo en la era de Internet y la reproducción digital de bajo costo. Por ello, los bienes comunes de información tienden a aumentar de valor a medida que más gente los usa, fenómeno que Carol Rose, profesora de derecho de la propiedad, llama una “comedia de los comunes”.
Otro factor importante es si el recurso es “excluible” o “rival”. Resulta difícil evitar que la gente se beneficie de recursos como los faros y los atardeceres, a los que todos tenemos libre acceso; son “no excluibles”. Asimismo, mi disfrute de estos recursos no merma el disfrute de alguien más; son “no rivales”. Estos recursos no excluyentes, no rivales, se conocen en la teoría clásica como “bienes públicos”. No es fácil ponerles un medidor o evitar que la gente obtenga beneficios de ellos.
Este análisis indica que los recursos comunes agotables requieren que los participantes de un bien común establezcan límites al uso de un recurso compartido, distribuyan esos derechos de manera justa y vigilen su uso. En cambio, manejar un “recurso común digital” tiene que ver menos con el manejo de recursos finitos que con el manejo de recursos sociales. Normalmente, la gestión de los recursos en línea se centra en los criterios del liderazgo meritocrático, la participación abierta, el cultivo del consenso social, la reciprocidad y la exclusión de los vándalos y los spammers. Los tipos de gestión y la toma de decisiones para determinados recursos dependerán de que éstos sean agotables o no agotables, rivales o no rivales, y excluibles o no excluibles. También variarán según la cultura y la historia peculiares de una comunidad dada y la naturaleza del recurso. Así, los pescadores de langosta de Maine manejarán sus suministros limitados de langosta de manera distinta a aquella en que los agricultores de Valencia, España, manejan su limitado abasto de agua o el Proyecto Gutenberg, un proyecto internacional, maneja la digitalización de libros de dominio público.[^10]
Hoy surge el interés en los bienes comunes porque se les considera un antídoto para el cercamiento ejercido por los mercados. Las nuevas tecnologías y las empresas poderosas están tomando el control de muchos recursos que durante largo tiempo han existido como bienes públicos. Dos destacadas estudiosas de los recursos comunes (y sus sistemas de gestión), Elinor Ostrom y Charlotte Hess, escriben: “La capacidad de atrapar lo que antes era inatrapable genera un cambio fundamental en la naturaleza del recurso, donde el recurso deja de ser un bien público no rival, no excluyente para convertirse en un recurso común que es necesario manejar, controlar y proteger, a fin de asegurar su sustentabilidad y preservación”.[^11]
Un “recurso de uso común” (common pool resource) es un bien económico compartido, independiente de cualquier sistema de derechos legales de propiedad. Los especialistas han usado este término a menudo para distinguir un bien de una “propiedad común”, lo que denota un recurso poseído en conjunto mediante una serie de derechos legales. Recientemente, los especialistas se han empezado a referir a ambos como “bienes comunes” (del inglés commons).
Los bienes comunes suponen una lógica muy distinta a la del mercado para el manejo de los recursos. Ofrecen formas de propiedad y administración más equitativas que la propiedad privada. Buscan la sustentabilidad del recurso a largo plazo, a diferencia de la propensión del mercado a maximizar los beneficios (financieros) a corto plazo. En el ámbito de los bienes comunes se respeta el autogobierno como un principio importante. Lejos de una “tragedia”, la idea del manejo ciudadano de nuestros recursos consiste en establecer reglas claras y eficaces para dar acceso a un recurso compartido. Puede asegurar el mantenimiento apropiado del recurso sin dejar de brindar protección contra los “advenedizos” que podrían usar el recurso sin contribuir a su mantenimiento.
Sin embargo, los sistemas de manejo pueden variar inmensamente. No existe un modelo universal. Son necesarios diferentes sistemas debido a la diferente naturaleza de los recursos, su escala y la comunidad de que se trate. Por ejemplo, las comunidades pesqueras pequeñas pueden otorgar derechos de pesca en ciertas aguas y vigilar de manera más eficaz que un gobierno federal a quienes los violan. No obstante, cuando se trata del espacio radioeléctrico usado por la radio y la televisión, probablemente sea necesario el gobierno para que establezca un sistema general de reglas técnicas y legales. Sin embargo, obsérvese que estas reglas pueden favorecer a las grandes radiodifusoras y televisoras corporativas que buscan maximizar sus ganancias en el mercado, o a pequeñas radiodifusoras o televisoras que funcionan como bienes comunes locales. Los mexicanos recordarán la llamada “Ley Televisa”, cuando los legisladores mexicanos cedieron a la presión de los gigantes de los medios Televisa, propiedad de la familia Azcárraga, y TV Azteca.
Ambas empresas dominan el espacio radioeléctrico, con una audiencia de más de 95 por ciento. Lo que hicieron los legisladores al aprobar las leyes de radio y televisión es, prácticamente, fortalecer la influencia de ambas empresas y concentrar la asignación del espacio radioeléctrico, en vez de utilizar el nuevo espacio obtenido gracias a la digitalización para devolverlo a los mexicanos y a los competidores de los medios de comunicación. Se considera que esta ley es un regalo para los gigantes de la televisión. Los canales y las estaciones a los que ya se ha asignado una frecuencia podrán conectarse a servicios digitales de todo tipo sin pagar nada a la ciudadanía, mientras que los nuevos competidores deberán participar en licitaciones públicas para obtener un espacio adicional. Los observadores son claros al señalar que todos los partidos políticos y el gobierno inclinaron la cabeza para permitir la aprobación de la “Ley Televisa”, lo que demuestra que la televisión tiene un poder que rebasa al del Estado.
Sin embargo, otros actores, como los programadores de software de licencia libre, pueden operar de manera totalmente independiente del gobierno. Este tipo de “comunidades” se valen de reglas formales y normas sociales informales para su autoorganización.
El gobierno y los bienes comunes
En muchos casos el gobierno funge como gestor en nombre de la ciudadanía para la operación de bibliotecas, parques, infraestructura civil, el espacio radioeléctrico y otros recursos que pertenecen a la nación en su conjunto. Sin embargo, es importante no mezclar programas gubernamentales con la gestión de los bienes comunes. Pueden estar imbricados, pero no son lo mismo.
El meollo de llamar “común” a un recurso compartido es destacar que el recurso pertenece a la gente, no al gobierno, y por lo tanto debe servir a propósitos más amplios que los que ofrece el mercado. Cuando se considera que un recurso es “propiedad del gobierno”, su vínculo legal y moral con la ciudadanía empieza a diluirse. Los bienes comunes ponen de relieve los derechos precedentes de los comuneros y de todo tipo de comunidades por encima del gobierno.
En segundo lugar, el gobierno tiene un papel que desempeñar que va más allá de la administración burocrática. En muchos casos, puede ofrecer un apoyo para los bienes comunes facilitando el establecimiento de nuevas instituciones que puedan ser manejadas por sus propios comuneros. Este autogobierno a escala adecuada del recurso puede contribuir a garantizar que la administración y la rendición de cuentas sean mejores. Como ejemplos tenemos cooperativas, organizaciones locales en favor de la conservación de la tierra (land trusts), radio y televisión comunitarias, y mercados comunitarios.[^12]
Las burocracias gubernamentales tienden a no rendir muchas cuentas a la ciudadanía, aunque en teoría deban servirle. Se suele decir que el gobierno posee los tesoros albergados en los museos nacionales, las carreteras y las reservas de vida silvestre. No obstante, los ciudadanos de una nación son en realidad los propietarios de esos recursos; el gobierno no es más que un guardián de ellos. (Conviene hacer notar que la idea de que alguien puede ser propietario de una entidad viviente y dinámica como la naturaleza es, desde luego, un concepto antropocéntrico.) Así pues, hablar de los bienes comunes es reafirmar los derechos morales, si no es que legales, de las personas para cosechar los beneficios de estos recursos y, de esta forma, mantenerlos. Es centrarse en las maneras en que la ciudadanía puede hacer que el gobierno rinda cuentas en beneficio del interés público más amplio, por encima de los objetivos de mercado. Los bienes comunes nos ayudan a articular un escenario de poder ciudadano, autogobierno y valor socialmente arraigado.
Aunque asociamos los bienes comunes con la administración social de un recurso, hay algunas variantes que, a pesar de ser burocráticas y basarse en la economía monetaria, están al servicio de metas valiosas. Los canadienses y los británicos consideran que sus sistemas de salud son un tipo de bien común administrado por el gobierno: un recurso disponible para todos con base en sus necesidades como un guardián y apoyado por todos con base en sus medios. El gobierno debe actuar como un gestor de los bienes comunes y la sociedad civil tiene la responsabilidad de reclamar esa gestión.
Otro modelo impersonal de los bienes comunes es el fideicomiso de sectores interesados, en el que los activos son administrados por fideicomisarios no gubernamentales en nombre de un grupo específico de personas. En Alaska, por ejemplo, el gobierno estatal creó el Fondo Permanente de Alaska (Alaska Permanent Fund) a manera de fondo fiduciario para los ingresos derivados de la venta de petróleo en tierras estatales. El fondo, que ahora tiene un valor de $40.1 mil millones de dólares estadounidenses, generó dividendos de $1,107 por cada ciudadano del estado en 2006.
Si los bienes comunes, ya sea en Alaska o en cualquier otro lugar –pensemos por ejemplo en todos los proyectos mineros de América Latina[^13]–, se explotan no sólo por su valor de uso sino también por su valor de intercambio, entonces es al menos un ejemplo de política pertinente de distribución equitativa de los beneficios (monetarios) derivados de los activos comunes, lo que reduce la desigualdad y preserva otros bienes comunes. De este modo, si los latinoamericanos necesitan explotar recursos minerales o combustibles fósiles, ¿por qué los ciudadanos no han de cosechar algún beneficio directo de la explotación petrolera en tierras nacionales?
Una innovación más reciente es el Fideicomiso del Cielo (Sky Trust). Peter Barnes, coautor de este libro, propone subastar los derechos de emitir carbono. Los grandes contaminadores corporativos pagarán sumas considerables a un fondo fiduciario en el que toda la ciudadanía tiene una participación igual. El costo de adquirir derechos de contaminación alentará a las empresas a encontrar tecnologías más eficientes en costos para ser menos contaminantes. Los contaminadores no deben tener un derecho presuntivo para tratar la atmósfera como un basurero privado.[^14]
En el vasto universo de los bienes comunes, los sistemas de gestión diseñados por el gobierno son excepcionales. Los tipos más conocidos y difundidos de bienes comunes tienen una base social y son relativamente pequeños, aunque Internet es, cada vez más, el lugar para todo tipo de experimentos innovadores en colaboraciones masivas autoorganizadas, como lo ejemplifica la Wikipedia. La mayoría de los bienes comunes tienen que ver menos con sistemas burocráticos que con una gestión social a menor escala. Los miembros de las distintas comunidades conocen y respetan los recursos que manejan y su manejo tiende a ser más responsable.
Las comunidades indígenas, por ejemplo, consideran que su conocimiento de la flora y la fauna locales, así como los tratamientos medicinales derivados de ellos, es una posesión comunitaria, no un producto comercializable. Su “conocimiento tradicional” ayuda a definir quiénes son como personas. Por consiguiente, mantener la integridad de los bienes comunes es lo mismo que mantener sus relaciones, valores e identidades sociales. El dinero no puede sustituir esto. Por eso, las comunidades indígenas desconfían con justa razón de los tratos con las grandes empresas farmacéuticas y petroleras; entienden que cualquier riqueza generada por medio del mercado bien puede socavar sus otras formas importantes, de “riqueza común”.
Los Bienes Comunes como un sector de creación de riqueza
Apenas empezamos a estudiar el alcance completo del sector de los bienes comunes. Esto obedece, entre otras cosas, al alarmante número de cercamientos en curso. Otra razón es la conciencia creciente de que los bienes comunes con una base social no necesariamente desembocan en una “tragedia”, sino que en realidad tienen una gran capacidad generadora de riqueza. A menudo un bien común puede crear valor —económico, social, personal— de formas en que no lo pueden hacer los regímenes de mercado.
Esto se puede apreciar con gran facilidad en Internet, donde la “producción de entre pares basada en el procomún” (commons-based peer production), según el análisis del profesor Yochai Benkler, está demostrando ser un modo generador más eficiente y creativo de valor que la organización corporativa tradicional.[^15] El ascenso de GNU/Linux, el sistema operativo libre, se cita con frecuencia como ejemplo de este fenómeno. El manejo de los recursos naturales como bienes comunes también puede generar un valor mayor que los mercados a largo plazo, porque es más probable que un bien común bien diseñado internalice el costo de la contaminación y tenga una perspectiva a largo plazo.
Es necesario que estudiemos mucho más para lograr una mejor comprensión de la gran cantidad de bienes comunes que nos rodean. Sin embargo, queda clarísimo que todos ellos aportan una gama de soluciones creadoras de riqueza y protectoras de recursos que el gobierno y los mercados simplemente no pueden ofrecer. En los capítulos de este libro se abordan algunos temas complejos en torno de la gestión, protección y recuperación de los bienes comunes y de cómo se están desarrollando en América Latina y en otros lugares.
[^1] Véase HELFRICH, Silke: “La Wikipedia: un ejército de voluntarias y voluntarios que creen en la colaboración”. En este libro. [^2] HARDIN, Garrett: “The Tragedy of the Commons. Science”. 13 de diciembre de 1968. p. 1243-1248. [^3] Véase LERCH, Achim: “La tragedia de la “Tragedy of the Commons’”. En este libro. [^4] El dilema del prisionero es un problema de la teoría del juego. Su enunciación clásica es: “La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos. Tras haberlos separado, un oficial visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos callan, lo único que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años”. Se supone que cada jugador, de modo independiente, trata de aumentar al máximo su propia ventaja sin importarle el resultado del otro jugador. Al analizar la situación se llega a la conclusión de que cada jugador puede escoger traicionar al otro, tratando de aumentar su propio beneficio, pero ambos jugadores obtendrían un resultado aún mejor si colaborasen. El problema radica en que cada jugador está incentivado individualmente, ninguno sabe cómo actuará el otro. [^5] OLSON, Mancur: La lógica de la acción colectiva. Limusa. México. 1992. [^6] La Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes, fundada en 1989 como Asociación Internacional para el Estudio de la Propiedad Común (International Association for the Study of Common Property, IASCP), es una asociación no lucrativa dedicada a la comprensión y el mejoramiento de instituciones para el manejo de recursos que comunidades de países desarrollados o en desarrollo poseen o usan (o podrían poseer o usar) de manera colectiva, www.iascp.org. [^7] En las categorías de la economía clásica, “externalidad” es una situación en la que las acciones u omisiones de unos agentes generan efectos externos, positivos o negativos, sobre terceros. La existencia de “externalidades” implica que a través del sistema de precios de mercado resulta casi imposible alcanzar las llamadas “soluciones eficientes del mercado”, ya que los precios van a reflejar solamente los costos marginales privados y no el costo social o ambiental que refleja los “efectos externos”. [^8] Cabe señalar que existe una marcada diferencia entre ''posesión'' y ''propiedad''. En el derecho romano la posesión es una situación de hecho, mas no de derecho, como lo es la propiedad. La posesión requiere dos elementos para configurarse: el corpus (la cosa) en sí y la intención de hacerse cargo de ella. La posesión se presume siempre de buena fe, se posee porque se posee. Si bien la posesión no es un derecho en sí, es necesario protegerla, de forma que un poseedor (ciudadano) no se vea en la obligación de probar su “título posesorio”. En todos los ordenamientos jurídicos se ha convenido que la mera posesión es un derecho protegible en la medida que garantiza la paz social. [^9] Véase también OSTROM, Elinor: “El gobierno de los bienes comunes desde el punto de vista de la ciudadanía”. En este libro. [^10] http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page [^11] HESS, Charlotte y OSTROM, Elinor: Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice. Cambridge, Massachusetts MIT Press. 2007. p. 10. [^12] Véase NARAIN, Sunita: “Cuando los mercados sí funcionan para la gente“. En este libro. [^13] Véase también HELFRICH, Silke: “'Cada pozo tapado, cada mina que no se abre merecería un premio.'La explotación de los recursos del subsuelo”. En este libro. [^14] Véase BARNES, Peter y HAAS, Jörg: “La atmósfera como bien común. Acerca del futuro del comercio europeo de emisiones”. En este libro. [^15] BENKLER, Yochai: “Coase’s Penguin, or Linux and the Nature of the Firm. The Yale Law Journal, Vol. 112, Núm. 369, 2002. Véase también: “La economía política del procomún”. En este libro.